La recomendación de Javier Milei que terminó en estafas
El presidente de Argentina, Javier Milei, generó un fuerte revuelo en la comunidad cripto tras subir un tuit en donde apoyaba la iniciativa $LIBRA, un token que, tras la publicación, experimentó un rápido ascenso en su cotización, seguido de una caída abrupta.
La polémica escaló rápidamente cuando economistas y analistas advirtieron sobre una posible estafa, señalando que el 80% de los tokens estaban concentrados en solo cinco billeteras difitales y que el dominio del proyecto había sido registrado el mismo día. Horas después, el mandatario argentino eliminó el tuit y aclaró que desconocía los detalles del emprendimiento, lo que no impidió que sectores de la oposición reclamaran su responsabilidad penal e incluso impulsaran la posibilidad de un juicio político.
Expertos del sector cripto han manifestado serias preocupaciones sobre la estructura del token $LIBRA y su potencial para convertirse en una memecoin altamente volátil. La cuenta especializada en análisis de blockchain, Bubblemaps, advirtió que la distribución de la criptomoneda está totalmente centralizada, instando a los inversores a actuar con cautela.
Otros referentes de la industria han señalado que no fueron consultados sobre esta iniciativa y sugirieron que existen propuestas más viables para impulsar el ecosistema cripto en Argentina, como la tokenización de activos y la reducción de impuestos en monedas digitales.
¿Estafa o fraude informático?
En el Código Penal argentino, en el artículo 173, inciso 11, tipifica la estafa mediante manipulación informática, castigando a quien, con el fin de obtener un beneficio indebido, altere datos electrónicos para generar un perjuicio patrimonial. La clave aquí es la existencia de un ardid o engaño destinado a inducir a error a los inversores.
Si bien la publicación del presidente argentino tuvo repercusión en el mercado cripto, su posterior eliminación y aclaración dejan en claro que no hubo intención de defraudar. En el ecosistema de las memecoins, las fluctuaciones bruscas de precios son habituales y, en este caso, no hay indicios de que el Presidente haya diseñado un esquema fraudulento con conocimiento previo del proyecto.
Para que exista estafa, se requiere la combinación de engaño, perjuicio económico y beneficio ilícito. Sin pruebas que acrediten un plan doloso, no se cumplen los requisitos para configurar el tipo penal.
