Presidencia de José Jerí: entre denuncias y crisis en el Gobierno peruano

 Presidencia de José Jerí: entre denuncias y crisis en el Gobierno peruano

En una sesión relámpago celebrada el 10 de octubre de 2025, José Jerí Oré juró como nuevo presidente de la República, tras la vacancia por “incapacidad moral permanente” de Dina Boluarte Zegarra, según lo establecido en el artículo 115 de la Constitución.

Carrera política con sombras

José Jerí, de 38 años, es abogado por profesión, militante de Somos Perú desde 2014, y ha escalado diversos cargos internos en su partido: secretario nacional de Juventudes, miembro de comisiones partidarias, vocero de bancada, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso (2023-2024), y presidente del Parlamento desde julio de 2025 hasta su juramentación como mandatario.

En sus discursos y apariciones, se ha presentado como defensor institucional, promotor del reforzamiento del control al gasto público y la necesaria lucha contra la corrupción. No obstante, esas promesas contrastan violentamente con los numerosos señalamientos en su contra.

Denuncias y cuestionamientos

Hasta ahora, la hoja de vida pública de Jerí incluye varias denuncias que ponen en entredicho su idoneidad moral para liderar la nación:

  1. Violación o abuso sexual: Una mujer de 31 años lo denunció por presunta violación tras una reunión social en Canta la noche del 29 de diciembre de 2024.
    • En agosto de 2025, el Ministerio Público archivó la denuncia por falta de pruebas.
    • Un juzgado civil le ordenó tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”.
    • El Congreso, a través de la Comisión de Ética, decidió no denunciarlo de oficio.
  2. Corrupción y sobornos:
    • Se le acusa de haber facilitado sobornos o pagos irregulares para que ciertos proyectos obtengan aprobación presupuestal cuando presidía la Comisión de Presupuesto.
    • Se han revelado pagos de más de S/150,000 a favor de Somos Perú, supuestamente a través de Jerí, para favorecer la aprobación de obras provinciales/regionales.
    • Hay procesos abiertos en su contra, entre ellos por desobediencia a la autoridad y presunto enriquecimiento ilícito.
  3. Desbalance patrimonial: Hay denuncias que sugieren que su patrimonio habría crecido de forma destacada en los últimos años, con propiedades, automóviles y bienes que, según críticos, no se corresponderían con sus ingresos declarados.
  4. Moral pública y legitimidad: Más allá de lo jurídico, está la percepción ciudadana y de organizaciones de derechos humanos que advierten que una figura con denuncias serias no debería representar al Estado.

Juramentación y respaldo legal

La vacancia de Dina Boluarte fue aprobada por el Congreso, invocando “incapacidad moral permanente”. Luego, conforme al artículo 115 de la Constitución, Jerí, como presidente del Congreso, juró la presidencia hasta la culminación del periodo constitucional, es decir hasta julio de 2026.

En este punto no puede soslayarse la gravedad de la situación: tener al frente del Estado, aunque sea transitoriamente, a alguien que enfrenta denuncias de abuso sexual, corrupción y enriquecimiento cuestionable, afecta la legitimidad institucional, erosiona la confianza ciudadana, y envía un mensaje peligroso sobre la impunidad en los más altos cargos.

Aunque Jerí tenga resoluciones favorables en algunos casos (como el archivo por falta de pruebas en la denuncia sexual), eso no resta la existencia de los señalamientos, ni atenúa la responsabilidad política y moral que tiene ante la ciudadanía.

La moralidad, entendida como responsabilidad ética, honestidad, transparencia, decoro en lo público, parece estar ausente o al menos muy comprometida en este escenario. Y ese déficit moral tiene repercusiones concretas: debilitamiento institucional, protestas sociales, polarización, descontento generalizado.

Por todo lo anterior, se impone afirmar que José Jerí carece de la integridad moral necesaria para ejercer la Presidencia de la República. No solo por las denuncias que pesan en su contra, sino también porque asumir un cargo de máxima responsabilidad con ese historial socava el pacto democrático y refine lo que parece un toma y daca entre poderes en beneficio de intereses privados y corrupción. En este sentido, el pedido de incapacidad moral es necesaria.

A pesar del descrédito del Congreso (como institución que hoy aparece envuelta en corrupción, acuerdos espurios y apariencias), la Constitución peruana ofrece vías legales para reemplazar al presidente si se acredita la vacancia por incapacidad moral permanente conforme al artículo 113 inciso 2.

¿Cómo podría darse esa vacancia?

  1. Acopio de pruebas sólidas: Las denuncias deben estar bien fundamentadas ante la Fiscalía, el Poder Judicial, y los órganos de control. No basta la sospecha; debe existir razonable certidumbre legal y moral.
  2. Iniciativa legislativa: Un grupo de congresistas puede presentar la moción de vacancia ante el pleno, recogiendo los fundamentos morales, éticos, y la evidencia que demuestre incapacidad moral permanente.
  3. Votación en el Congreso: Se requiere una mayoría calificada, no menor de los dos tercios del número legal de congresistas, para declarar la vacancia.
  4. Sucesión constitucional: En caso de vacancia, la Constitución señala quién asume el mando: el vicepresidente, si lo hay, o en su defecto la línea de sucesión contemplada legalmente. En este momento, por lo que se sabe, no hay vicepresidente que pueda asumir, por lo que seguiría el orden constitucional establecido.
  5. Elecciones anticipadas (si es aplicable): Aunque la Constitución no siempre prevé elecciones extraordinarias para renovar el mandato presidencial salvo al terminarlo, podría valorarse una reforma política o ley que permita adelantar elecciones si el vacío de legitimidad es extremo y hay consenso nacional para ello.

Obstáculos reales

Muchos congresistas tienen intereses en mantener a Jerí en su cargo, o temen ser quienes habiliten precedentes que podrían volverse en su contra. A pesar de los escándalos, el poder político, mediático y económico puede intentar legitimar su mandato. Además, los procesos judiciales suelen ser lentos, estar permeados por influencias y permitir la posibilidad de una impunidad parcial.


Siendo críticos y claros, el Perú no puede permitirse otro presidente con manchas éticas, porque lo que está en juego ya no es solamente la institucionalidad formal, sino la dignidad pública, el respeto de los derechos y el rumbo democrático. La vacancia de José Jerí es un imperativo político y moral, y los peruanos merecen que sus representantes actúen con responsabilidad, no con farsas de legitimidad.

Alisson Ayto

Alisson Ayto

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