El nuevo aeropuerto de Lima: una lección urgente de gobernanza fallida

Lecciones de gobernanza detrás del caos en el nuevo aeropuerto de Lima

El nuevo aeropuerto de Lima, inaugurado el 1 de junio de este año, ha experimentado sucesivos errores de gestión, causando caos, incluyendo retrasos y cancelaciones masivas de vuelos, pasajeros varados y el colapso del sistema de abastecimiento de combustible, lo que añade otra mancha a la imagen internacional del Perú.

Desde nuestra experiencia viviendo muchos años en el Perú, esta crisis pública no es accidental, sino una manifestación concentrada de los problemas acumulados en la gestión de concesiones de grandes infraestructuras públicas. Si nos concentramos únicamente en el caos inmediato, ignorando los defectos institucionales subyacentes, estos problemas se repetirán continuamente.

Analicemos en detalle las causas fundamentales del problema. El operador del aeropuerto, LAP (Lima Airport Partners S.R.L.), rechazó realizar las operaciones de abastecimiento de combustible en la plataforma originalmente diseñada, argumentando falta de espacio. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) había advertido de este problema hace meses, pero LAP no efectuó correcciones efectivas oportunamente, optando por implementar soluciones temporales que finalmente llevaron al colapso total del sistema logístico en el aeropuerto.

Por otra parte, el MTC, como autoridad responsable, aprobó la inauguración de la nueva terminal sin completar previamente pruebas integrales del sistema. Después del incidente, el exministro de Transportes culpó a OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) por falta de supervisión adecuada, pero OSITRAN respondió que su responsabilidad se limita únicamente a supervisar la construcción física, no incluyendo decisiones operativas específicas, por lo que rechazó esta acusación.

Estos problemas revelan no solo una simple cuestión técnica, sino un profundo fallo en la cooperación institucional: cada institución encargada de garantizar servicios públicos actuó de manera independiente y evasiva, sin objetivos estratégicos claros ni mecanismos de coordinación.

De hecho, este incidente no es un caso aislado, sino que refleja problemas comunes en la gestión de infraestructuras públicas en Perú y América Latina:

Primero, fragmentación de responsabilidades y ausencia de cooperación efectiva. El gobierno y las empresas concesionarias suelen operar por separado, manteniendo únicamente una cooperación superficial contractual, sin estrategias comunes reales ni mecanismos efectivos de control de riesgos.

Segundo, falta de cultura de pruebas integradas obligatorias. Al finalizar los proyectos, suelen presionarse inauguraciones apresuradas por cuestiones políticas, ignorando pruebas operativas y ejercicios de emergencia que podrían reducir riesgos. En lugar de implementar una prueba limitada previa, se opta por inaugurar apresuradamente para salvar las apariencias políticas, lo que termina generando mayores problemas.

Tercero, falta de coordinación entre las entidades reguladoras. Instituciones como el MTC, LAP, OSITRAN, Indecopi e incluso ATU carecen de mecanismos de coordinación unificados, generando confusión en la gestión.

Si una situación similar ocurriera hoy en China, ¿qué sucedería?

Primero, se activaría rápidamente un mecanismo de responsabilidad. Ante fallos operativos significativos, los altos cargos de los departamentos gubernamentales y empresas implicadas serían suspendidos inmediatamente, enfrentando potencialmente sanciones administrativas o incluso penales.

Segundo, todos los grandes proyectos de infraestructura deben completar pruebas exhaustivas y ejercicios extremos antes de su inauguración formal, solo autorizándose su operación tras recibir un informe positivo de aceptación.

Tercero, los mecanismos de coordinación son más verticales. Los grandes proyectos suelen ser gestionados por funcionarios de alto nivel, como viceministros o vicegobernadores provinciales (o regionales que se llaman en Perú), formando grupos de coordinación interdepartamentales que aseguran una gestión integrada entre el gobierno, operadores y entidades reguladoras.

Cuarto, la gestión de crisis y la comunicación pública se realizan simultáneamente. El gobierno rápidamente organiza mensajes mediáticos para enfatizar que el problema se está resolviendo activamente, evitando así que la situación escale y afecte negativamente la opinión pública internacional.

Esta comparación muestra claramente que, aunque la raíz de la crisis está relacionada con el sistema institucional, la existencia de mecanismos adecuados de promoción y castigo de funcionarios también es clave para mejorar su capacidad de respuesta y gestión. Pero al final, la esencia del problema radica en cómo se emplean y aprovechan adecuadamente los talentos humanos.

Para evitar que estos incidentes se repitan, Perú debería adoptar reformas institucionales específicas:

Primero, establecer un mecanismo nacional obligatorio de pruebas integradas antes de la transferencia operativa de nuevos proyectos de infraestructura, asegurando validaciones funcionales, simulaciones logísticas y ejercicios de emergencia antes de la inauguración oficial.

Segundo, otorgar mayores competencias a organismos reguladores como OSITRAN, no solo supervisando la infraestructura física, sino participando también en la revisión del cumplimiento operativo y alertas tempranas de riesgos.

Tercero, crear dentro del MTC una oficina interproyectos para coordinar integralmente la aprobación, construcción, entrega y operación de grandes infraestructuras.

Cuarto, redefinir la lógica de las concesiones, promoviendo un modelo de producción y gestión colaborativa de los servicios públicos, estableciendo mecanismos institucionales de cooperación y marcos claros de responsabilidad compartida que excedan los límites contractuales.

El Aeropuerto Jorge Chávez no es solo una puerta estratégica de transporte, sino también un reflejo de la capacidad de gobernanza del país. Si Perú no aprende las lecciones institucionales derivadas de esta crisis, los riesgos futuros serán mayores y los costos más altos en áreas aún más complejas como puertos, ferrocarriles de alta velocidad, energía e infraestructura digital. La clave de una buena gobernanza no reside únicamente en construir, sino fundamentalmente en cómo se utilizan y gestionan adecuadamente las infraestructuras.