Alejandro Toledo condenado a 13 años por lavado de activos
El 3 de septiembre, un tribunal de Lima condenó al expresidente peruano Alejandro Toledo a 13 años y cuatro meses de prisión por lavado de activos. Esta es la segunda condena contra Toledo, quien ya cumplía una pena superior a 20 años por asociación ilícita y lavado de activos. Las autoridades aclararon que esta nueva condena no se acumula con la anterior.
Alejandro Toledo nació el 28 de marzo de 1945 en Cabana, Ancash. De ascendencia mixta, trabajó desde niño para ayudar a su familia y estudió economía en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado. Fue profesor e investigador en prestigiosas instituciones como Harvard y trabajó en organismos internacionales.
En septiembre de 1994 fundó el partido político “Nación Viable” y tras dos intentos fallidos ganó la presidencia en 2001. Su mandato (2001-2006) estuvo marcado por un crecimiento económico moderado y reformas en educación y salud.
Sin embargo, su carrera política cayó en desgracia tras ser vinculado a la corrupción. En 2014, la Operación Lava Jato reveló que Odebrecht pagó aproximadamente 20 millones de dólares en sobornos a su gobierno para asegurar contratos públicos. En 2017 fue formalmente acusado por lavado de dinero y tráfico de influencias, y se dictó prisión preventiva. Toledo negó los cargos y huyó del país, pero fue detenido en Estados Unidos en 2019 y extraditado a Perú en 2023.
El 21 de octubre de 2024, la Sala Penal Especializada de la Corte Suprema lo condenó a 20 años y seis meses por asociación ilícita y lavado de activos. Se comprobó que aceptó 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para favorecer las obras de la Carretera Transoceánica. Luego, el 3 de septiembre de 2025 llegó su condena por lavado de activos.
Este caso refleja un fenómeno recurrente en el panorama político peruano: la persecución de expresidentes tras dejar el cargo. Desde la era Fujimori, varios mandatarios han enfrentado procesos judiciales o exilios. Esto responde a un sistema político frágil, con partidos débiles y gobernantes que a menudo recurren a acuerdos opacos para sostener el poder. La “inmunidad de los titulares” y la politización del poder judicial generan procesos de rendición de cuentas tardíos y con tintes partidistas.
Asimismo, Perú carece de un sistema institucionalizado para supervisar a exfuncionarios, lo que perpetúa un ciclo de impunidad durante el gobierno y ajustes legales posteriores. La presión ciudadana es alta, y castigar al expresidente se percibe como una exigencia moral y política.
El nuevo encarcelamiento de Toledo no solo pone fin a su carrera, sino que reaviva el debate sobre la corrupción y la justicia en Perú. Romper esta “maldición poselectoral” y lograr un sistema justo y transparente sigue siendo un reto urgente para la sociedad peruana.
En definitiva, la condena a Alejandro Toledo por lavado de activos es un reflejo de las complejas dinámicas políticas y judiciales del país, y un llamado a fortalecer la gobernabilidad y la lucha anticorrupción.
