Gobierno destina S/150 millones para fortalecer seguridad ciudadana
El 7 de julio, el primer ministro peruano, Eduardo Arana, anunció que el Poder Ejecutivo aprobará la transferencia de más de 150 millones de soles a ministerios y gobiernos locales. Esta medida busca fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana en todo el país.
Durante la reunión del Consejo de Estado regional en Trujillo, Arana explicó que los fondos serán aprobados por el Consejo de Ministros el 8 o 9 de julio. Los recursos se destinarán principalmente a la compra de equipos de georreferenciación y geoposicionamiento. Estos equipos son esenciales para combatir la extorsión y apoyarán las operaciones policiales.
Además, el primer ministro informó que en menos de un mes se incorporarán más de 10,000 nuevos policías a nivel nacional. Esta medida busca reforzar la seguridad y reducir la delincuencia. Arana enfatizó que, aunque representa un gasto considerable, “la lucha contra la inseguridad y la búsqueda de la tranquilidad que merece el pueblo peruano no pueden limitarse al presupuesto.”
El primer ministro también destacó los avances en infraestructura penitenciaria. Gracias a los esfuerzos del Poder Ejecutivo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han otorgado más de 3 mil millones de soles para construir nuevas cárceles. Arana agradeció al Gobierno Regional de La Libertad por donar terrenos para el nuevo penal de Quiruvirca, en Santiago de Chuco. Este gesto demuestra la voluntad de trabajar en conjunto por el bienestar del país.
Por otro lado, Arana lamentó las protestas y bloqueos de carreteras realizados por quienes se autodenominan “mineros tradicionales”. Estas manifestaciones se oponen al fin del proceso de formalización minera, que concluirá el 31 de diciembre de 2025 sin prórroga. El primer ministro recordó que estas personas han tenido más de cuatro años para registrarse oficialmente. La última prórroga, otorgada por el Congreso, venció en junio del año pasado.
Actualmente, de las 84,000 empresas inscritas en el Registro Integrado de Formalización Minera (Reinfo), cerca de 50,000 no han completado el proceso. Por ello, el Ejecutivo ha cancelado sus registros. Arana subrayó que no se permitirán actividades mineras ilegales. Citó el caso de Pataz, La Libertad, donde delincuentes usaron explosivos para traficar oro, afectando a la población local.
“No es culpa del Ejecutivo ni del Congreso, sino de quienes no quieren operar legalmente. A estas personas no les daremos otra oportunidad. A quienes decidan formalizarse, los apoyaremos”
Finalmente, en un comunicado, Arana aseguró que el Gobierno buscará un acuerdo con los manifestantes que bloquean la Carretera Panamericana, cerca de Nazca (Ica). El primer paso será iniciar un diálogo. Luego, la Policía Nacional recibirá órdenes para despejar pacíficamente las vías. “Trabajaremos para llegar a un entendimiento y explicarles la misión del Poder Ejecutivo”, concluyó.
