El laberinto de la informalidad: Perú busca rescatar al 70% de su fuerza laboral
El empleo informal en el Perú no es solo un indicador estadístico, es una herida estructural que compromete el desarrollo a largo plazo. Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Empleo Permanente (ENEP) de 2025, de una Población Económicamente Activa (PEA) que supera los 18.4 millones de personas, el 70.2% se mantiene en la informalidad. Esta cifra revela que casi dos tercios de la fuerza productiva del país carecen de contratos, seguros de salud y fondos de pensiones, quedando en una situación de vulnerabilidad extrema ante cualquier fluctuación económica o crisis personal.
La concentración de este fenómeno es alarmante en sectores clave como la agricultura, la construcción y el comercio minorista. No es coincidencia que los grupos más afectados sean jóvenes, mujeres e inmigrantes, quienes a menudo aceptan condiciones de trabajo irregulares en micro y pequeñas empresas que luchan por sobrevivir al margen del sistema tributario. Esta fragmentación del mercado laboral no solo debilita los derechos de los ciudadanos, sino que también erosiona la base impositiva del Estado, limitando la inversión pública en servicios esenciales y perpetuando un círculo vicioso de baja productividad.
Frente a este escenario, el Ministerio de Trabajo y la Sunafil han iniciado una transición paradigmática: dejar atrás el enfoque puramente punitivo para adoptar una supervisión orientadora. El uso de herramientas tecnológicas ha sido fundamental en este proceso; el sistema electrónico de nóminas ya cubre a más de 2.15 millones de trabajadores, y se proyecta que para el cierre de 2026 otros 475,000 empleados den el salto a la formalidad.
Sin embargo, los expertos advierten que la tecnología es solo un paliativo si no se aborda la lentitud de la modernización industrial y la falta de incentivos reales para que las microempresas vean en la formalización una oportunidad de crecimiento y no un costo insostenible.
