Congreso asegura permanencia laboral de servidores mediante cuestionado acuerdo de Mesa Directiva
A escasas horas de finalizar el año 2025, la Mesa Directiva del Congreso de la República emitió el Acuerdo 101-2025-2026/MESA-CR, una disposición que modifica el estatus laboral de un grupo de servidores, convirtiendo sus contratos de plazo fijo a plazo indeterminado. Esta medida alcanza a los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728 con más de cuatro años de labor ininterrumpida, así como a aquellos con cinco años acumulados bajo los regímenes 728 y Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Asimismo, el beneficio se extiende a quienes registran más de diez años de servicio discontinuo en ambas modalidades. Con este cambio, los beneficiarios obtienen estabilidad laboral absoluta, pudiendo ser cesados únicamente por causa justificada, y mantienen beneficios como CTS, gratificaciones y vacaciones.
El acuerdo, que fue impulsado por el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon), contó con el respaldo de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la cual certificó la existencia de disponibilidad presupuestal para su ejecución. Según documentos a los que accedió la prensa nacional, la medida favorece inicialmente a un grupo de 11 servidores que cumplen con los requisitos estipulados. No obstante, la naturaleza de la disposición ha generado fuertes críticas en el ámbito jurídico. El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi ha calificado el hecho como grave, señalando que este tipo de “nombramientos” al cierre de una gestión parlamentaria deben ser investigados de oficio para determinar si responden a criterios técnicos o a favores políticos, dado el impacto que generan en la planilla estatal a largo plazo.
Esta decisión se produce en un contexto de alta sensibilidad política, justo cuando el país se prepara para la transición gubernamental de 2026. La práctica de asegurar la permanencia de personal antes del cese de funciones de una Mesa Directiva es una figura que ha sido cuestionada históricamente por aumentar la burocracia estatal sin procesos de concurso público transparentes. Mientras el Congreso justifica la medida en la necesidad de modernización y justicia laboral para sus cuadros técnicos, la opinión pública y los entes de control mantienen la lupa sobre la legalidad de un acuerdo que, para muchos, representa una carga económica heredada para la próxima legislatura.
