Reflexiones sobre las diferencias entre China y Perú en el manejo de protestas comunitarias a partir del bloqueo en Chamaca
El 11 de noviembre de 2025, los pobladores del distrito de Chamaca, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), volvieron a bloquear el corredor minero del sur, generando una amplia atención a nivel nacional. Para la mayoría de los peruanos, este tipo de bloqueos ya se ha vuelto parte de la rutina: un ciclo repetitivo que se ha mantenido durante décadas en las zonas mineras del país —protestas comunitarias, cierre de carreteras, intervención del gobierno, firma de compromisos, falta de ejecución, acumulación de tensiones y un nuevo estallido social.
El tramo que atraviesa Chamaca es el punto más estratégico de todo el corredor minero del sur. Esta ruta soporta el transporte más importante de minerales del país, en especial el concentrado de cobre de MMG Las Bambas, perteneciente al grupo chino Minmetals. Cientos de camiones de carga pesada salen diariamente de las minas de Apurímac, atraviesan la zona de Chumbivilcas para ingresar a Cusco y luego continúan hacia el puerto de Matarani, en Arequipa, para su exportación.
En otras palabras, basta con que el tramo de Chamaca se paralice para que toda la cadena de exportación minera del sur quede en riesgo de colapsar, generando pérdidas millonarias tanto para el Estado como para las empresas. Por ello, cada bloqueo local produce preocupación en el gobierno, alerta en las compañías y atención en los mercados internacionales.
Sin embargo, al comparar este escenario con la manera en que China ha gestionado conflictos similares en las últimas décadas, el contraste se vuelve evidente. A pesar de que ambos países tienen economías basadas en recursos naturales y enfrentan tensiones entre actividades extractivas y comunidades locales, China y Perú han seguido caminos completamente distintos. La diferencia central radica en sus capacidades de gobernanza y en la forma en que sus políticas públicas responden a los conflictos.
En el caso peruano, los enfrentamientos sociales se repiten debido a la incapacidad del sistema para cumplir lo que promete. Los pedidos formales de las comunidades suelen quedarse sin respuesta; las mesas técnicas se firman una y otra vez, pero resulta difícil ejecutarlas debido al cambio constante de autoridades, la falta de presupuesto o la inercia burocrática. Los gobiernos locales carecen de recursos, las municipalidades tienen capacidades limitadas y el gobierno central con frecuencia niega proyectos esenciales bajo el argumento de restricciones fiscales. En este contexto, las comunidades pasan años sin mejoras tangibles, y la protesta se convierte en el único mecanismo efectivo para “despertar” al Estado.
Esto genera una lógica perversa: los canales legales no funcionan y los actos ilegales sí producen resultados.
Si bien la legislación peruana establece que bloquear carreteras y servicios públicos es una acción ilícita e incluso delictiva, una democracia desbordada suele derivar en la práctica del “no puede sancionar cuando sea en manera masiva”. Las comunidades saben que sentarse pacíficamente a dialogar o enviar memoriales no genera reacción; en cambio, basta con cerrar una vía minera para que ministros y altos funcionarios se presenten de inmediato en la zona. Este tipo de incentivos transforma el bloqueo en la herramienta más efectiva para los grupos sociales en desventaja.
En contraste, la gestión china se caracteriza por tres pilares: respuesta rápida, ejecución estricta y responsabilidades claramente definidas.
Cuando surge un conflicto local, las autoridades actúan con rapidez: funcionarios de los niveles distrital, municipal, provincial e incluso regional acuden al lugar para entender el problema, dialogar y plantear soluciones específicas. Más importante aún, en China los compromisos firmados tienen fuerza vinculante; si no se cumplen, los funcionarios responsables enfrentan sanciones administrativas o políticas. Esto genera una expectativa estable y predecible: lo que el gobierno promete debe cumplirse.
Otro elemento fundamental en el caso chino es la planificación integral. La infraestructura —carreteras, agua potable, electricidad, escuelas, centros de salud— suele construirse de forma paralela al desarrollo minero. La mejora de las comunidades no es el resultado de la protesta, sino parte de la planificación del proyecto. En Perú sucede lo contrario: los camiones pasan por comunidades durante años, pero los servicios básicos siguen rezagados, generando un desequilibrio evidente que alimenta los conflictos.
A ello se suma la extensa red de gobernanza local en China. Comités vecinales, oficinas de atención ciudadana, centros de mediación y funcionarios asignados permiten resolver tensiones antes de que escalen. En Perú, muchos conflictos surgen porque el Estado no escucha cuando debe escuchar, y no ejecuta cuando debe hacerlo; solo reacciona cuando la situación se ha vuelto crítica y la carretera ya está bloqueada.
Por estas razones, las diferencias entre China y Perú en el manejo de las protestas comunitarias no se explican por razones culturales ni por la “idiosincrasia” de sus poblaciones, sino por estructuras de gobernanza distintas. El problema en Perú no es que haya demasiadas protestas, sino que el sistema no ofrece vías institucionales eficaces para tramitar los reclamos. La estabilidad relativa de China no significa ausencia de conflictos, sino la existencia de mecanismos para resolverlos antes de que escalen.
El caso de Chamaca nos recuerda que el desarrollo de un país no depende únicamente del volumen de exportación de sus recursos minerales, sino de si las regiones que aportan esas riquezas pueden acceder a los beneficios del progreso. Mientras los compromisos no se cumplan, los proyectos no se ejecuten y los presupuestos no estén garantizados, los conflictos continuarán repitiéndose. La verdadera solución no pasa por aumentar la presencia policial, sino por construir un sistema en el que la población tenga motivos para creer que “lo que el gobierno promete, el gobierno cumple”.
Cuando los procedimientos legales funcionan, el diálogo tiene sentido y las autoridades tienen capacidad de ejecución, las protestas disminuyen de manera natural. Cuando lo ilegal se convierte en la única vía efectiva, los conflictos sociales inevitablemente se vuelven recurrentes.
