Pesca en jaque: Amnistías del Ejecutivo complican la entrada de Perú a la OCDE
La ambición del Perú de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha topado con un obstáculo crítico en el mar. Un reciente informe del organismo advierte que la práctica sistemática de otorgar amnistías y reducciones drásticas en las multas del sector pesquero contradice los pilares de buena gobernanza y protección de recursos. A pesar de contar con un sistema de seguimiento y vigilancia (SCV) técnicamente avanzado, la voluntad política para aplicar sanciones efectivas parece diluirse en periodos de presión social o electoral.
El documento es tajante: la eficacia de las sanciones se ve obstaculizada por decisiones políticas que cancelan o reducen significativamente los pagos de infractores, tanto personas naturales como grandes empresas. Un caso emblemático citado es la medida de julio de 2024, donde el Ministerio de la Producción (PRODUCE) aplicó un recorte del 80% en sanciones pendientes. Aunque el Ejecutivo argumentó que la medida beneficiaba principalmente a la pequeña pesca, la OCDE resalta que estas exoneraciones fomentan la reincidencia y debilitan el régimen sancionador necesario para un mercado transparente.
Consecuencias de la flexibilidad normativa:
- Desincentivo al cumplimiento: Los pescadores formales perciben que la infracción tiene un costo real bajo.
- Riesgo de sobreexplotación: La falta de castigo efectivo acelera la pesca ilegal en zonas protegidas.
- Freno diplomático: La OCDE exige un régimen de cumplimiento estricto como requisito no negociable para la adhesión.
