Gobierno aprueba nuevo reglamento para destrabar más de 12,000 proyectos paralizados
El Poder Ejecutivo formalizó la aprobación de un nuevo reglamento para la Ley N.º 29230, marco legal que regula el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con el firme propósito de dinamizar la inversión pública a través de la colaboración estratégica del sector privado. Esta medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 038-2026-EF en el diario oficial El Peruano, introduce una estructura normativa integral compuesta por un título preliminar, cinco títulos, 209 artículos y diversas disposiciones complementarias y transitorias orientadas a simplificar los procesos de ejecución a nivel nacional. El objetivo central de esta reforma es ordenar e integrar las reglas vigentes para facilitar la aplicación de un mecanismo que permite a las empresas financiar y ejecutar obras públicas priorizadas por los tres niveles de gobierno.
Bajo este esquema renovado, las compañías que asuman el financiamiento de las obras continuarán recibiendo certificados de inversión utilizables para el pago de sus obligaciones tributarias, conforme a la normativa vigente. Sin embargo, la novedad más significativa de este reglamento radica en la ampliación del alcance del esquema operativo. Ahora, el mecanismo no se limita exclusivamente a la creación de infraestructura física, sino que permite financiar actividades de operación y mantenimiento, servicios especializados y la construcción de viviendas rurales priorizadas por las entidades públicas. Según la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, este cambio representa una respuesta concreta frente a la crisis de miles de obras inconclusas, como escuelas y centros de salud, que actualmente se encuentran paralizadas afectando las oportunidades de desarrollo del país.
La magnitud del problema que este nuevo reglamento pretende mitigar es alarmante. Actualmente, se reportan más de 12,000 proyectos con serios problemas de financiamiento, lo que representa una brecha económica acumulada que supera los S/ 21,000 millones. El impacto de esta parálisis es particularmente agudo en la gestión municipal, dado que 9,740 proyectos corresponden a gobiernos locales, concentrándose principalmente en sectores críticos como transporte, saneamiento, salud y educación. Con la implementación de este reglamento, el Estado busca no solo otorgar celeridad a los procesos, sino garantizar que los servicios básicos lleguen finalmente a la población, transformando proyectos paralizados en obras funcionales puestas al servicio de la ciudadanía.
