¿Por qué el Perú declara estado de emergencia todos los años, pero sigue sin resolver de fondo el problema de las inundaciones?
En marzo de este año, el gobierno volvió a declarar en emergencia varias zonas del país. Según los decretos publicados por el Ejecutivo, 16 distritos de Ayacucho ingresaron en estado de emergencia por 60 días debido a las lluvias intensas, mientras que también se prorrogó esta medida en distritos ubicados en 19 regiones del país para enfrentar inundaciones, huaicos y deslizamientos. Si se toma en cuenta que el Perú tiene 25 gobiernos regionales, significa que cerca del 76% del territorio regional está bajo algún nivel de afectación por las lluvias. Además, desde diciembre del año pasado se reportan decenas de fallecidos, más de 900 kilómetros de carreteras dañadas y numerosas vías interrumpidas en zonas altoandinas.
Para los peruanos, sin embargo, estas imágenes ya no sorprenden. Cada temporada de lluvias parece repetir exactamente la misma secuencia: precipitaciones intensas, ríos que se desbordan, huaicos, carreteras bloqueadas, luego la declaración de emergencia, el despliegue del Ejército, la entrega de ayuda y la reparación provisional de caminos. Todo se mueve con rapidez y da la impresión de que el Estado responde. Pero, al final, pasan los años y los mismos lugares vuelven a sufrir prácticamente los mismos daños.
Cuando un problema se repite todos los años, deja de ser un hecho extraordinario y pasa a ser un problema estructural. Por eso la pregunta es inevitable: ¿por qué el Perú sigue enfrentando inundaciones todos los años sin lograr resolverlas de manera definitiva?
Muchos suelen decir que el problema es la falta de dinero, pero la realidad no es tan simple. Después del desastre del Niño Costero de 2017, el Estado creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con un presupuesto cercano a 25 mil millones de soles, alrededor de 7 mil millones de dólares. Fue una de las mayores inversiones extraordinarias de las últimas décadas. En ese momento se pensó que el país tenía una oportunidad histórica: no solo reconstruir lo destruido, sino corregir debilidades que habían quedado expuestas.
Sin embargo, ocho años después, cada temporada de lluvias obliga nuevamente al país a declarar nuevas emergencias.
El problema de fondo no está solo en el presupuesto ni en los cambios de gobierno. La dificultad principal está en que el Estado peruano todavía no logra sostener grandes proyectos de largo plazo con continuidad real. Una obra de prevención necesita pasar por aprobación central, coordinación regional, ejecución local, procesos de licitación, supervisión técnica y control administrativo. En cada etapa se pierde tiempo, y muchas veces nadie termina asumiendo responsabilidad directa por el resultado final.
Además, el agua no sigue límites administrativos, pero muchas obras sí se planifican bajo esa lógica. Un distrito interviene una parte del río, una provincia trabaja otro tramo, pero si no se actúa en toda la cuenca, especialmente en la parte alta, cualquier avance en la parte baja termina siendo insuficiente. El río no reconoce fronteras políticas; simplemente sigue su curso natural.
Por eso ocurre algo muy visible: hay obras, hay maquinaria, hay gasto público, pero el impacto estructural sigue siendo limitado.
También influye el propio sistema presupuestal. Los gobiernos locales trabajan con presupuestos anuales, mientras una verdadera obra hidráulica necesita varios años para mostrar resultados. Frente a eso, se priorizan intervenciones pequeñas: limpieza de cauces, defensas ribereñas parciales, reforzamiento de taludes o trabajos rápidos de mantenimiento. Son obras visibles, ejecutables y políticamente útiles, pero insuficientes para reducir el riesgo de fondo. Así, la población ve que cada año se trabaja en los ríos, pero cada año las inundaciones regresan.
A esto se suma otro problema poco discutido: la expansión urbana sigue ocupando zonas vulnerables. Muchas viviendas continúan levantándose en quebradas, márgenes de ríos o laderas inestables. El Estado intenta corregir riesgos mientras, al mismo tiempo, aparecen nuevos puntos de vulnerabilidad.
Por eso, si se analiza lo ocurrido desde 2017, el problema no está en que el país no atienda la emergencia. El Perú sí reacciona cuando el desastre ocurre. Lo que todavía no consigue es transformar respuestas dispersas en una política sostenida, preventiva y técnicamente articulada.
Hasta hoy, cada temporada de lluvias vuelve a activar el mismo mecanismo: declarar Estado de Emergencia.
Y aunque esa decisión es necesaria cuando el daño ya está presente, también revela una realidad incómoda: cuando la emergencia se repite todos los años, deja de ser una excepción y se convierte en parte de la normalidad.
La madurez de un país no se mide solo por la rapidez con que entrega ayuda después del desastre, sino por su capacidad de hacer que, con el tiempo, esa ayuda deje de ser necesaria.
