Candidato Aprista propone un «shock de inversión» en el Sector Salud
En el marco de la campaña hacia las Elecciones Generales 2026, el candidato al Congreso por el Partido Aprista Peruano, Walter Navarro, ha presentado una de las propuestas más ambiciosas en materia de servicios públicos: un «shock de inversión» en el sector salud. El plan se centra en tres ejes fundamentales: el destrabe de infraestructura paralizada, la dignificación salarial del personal médico y la integración de la salud mental en el primer nivel de atención.
Navarro denunció la existencia de más de 60 hospitales inconclusos a nivel nacional, calificándolos como «elefantes blancos» que representan una pérdida de recursos y vidas. «Vamos a destrabar esos proyectos para que funcionen, porque cada día que una obra está parada, es un día que perdemos vidas», sentenció el candidato. Asimismo, subrayó que un sistema de salud eficiente es imposible con profesionales mal remunerados, comprometiéndose a impulsar escalas salariales dignas para médicos, enfermeras y técnicos.
Un punto disruptivo en su plataforma es el enfoque en salud mental. Navarro propone que la atención psicológica deje de ser un «lujo» de clínicas especializadas para integrarse plenamente en las postas y centros de salud locales. Según el candidato, combatir la depresión y la ansiedad desde el primer nivel de atención es clave para frenar el deterioro del tejido social y familiar en el Perú.
La propuesta de Navarro responde a una crisis estructural innegable. Según reportes de la Contraloría General de la República al cierre de 2025, las obras paralizadas en salud suelen deberse a expedientes técnicos deficientes, arbitrajes con constructoras y corrupción. El «shock de inversión» es necesario, pero el problema del Perú no ha sido siempre la falta de dinero, sino la incapacidad de gasto y gestión de los gobiernos regionales y el MINSA.
La ambiciosa plataforma sanitaria de Walter Navarro se presenta como un diagnóstico preciso de las carencias estructurales del Perú, aunque su viabilidad enfrenta un complejo laberinto técnico y presupuestario que trasciende la voluntad legislativa. Si bien el «destrabe» de más de 60 hospitales paralizados resulta políticamente atractivo para el electorado regional, su ejecución real choca con la densa maraña de arbitrajes y contratos en tribunales que escapan al control directo del Congreso, supeditando el éxito de la medida a una estrecha y difícil coordinación con el Poder Ejecutivo.
En paralelo, la promesa de dignificación salarial para el personal médico se perfila como el desafío más árido de su plan, pues la rigidez del gasto corriente y la histórica resistencia del Ministerio de Economía y Finanzas ante aumentos no financiados por reformas tributarias plantean serias dudas sobre su sostenibilidad.
No obstante, su propuesta de integrar la salud mental en el primer nivel de atención emerge como el eje más viable y urgente ante la crisis post-pandemia, aunque incluso esta medida de bajo costo relativo deberá sortear el déficit crítico de psicólogos colegiados en el país; en última instancia, la efectividad del «shock» propuesto por el candidato aprista dependerá de su capacidad para transformar la retórica electoral en puentes técnicos sólidos con la Contraloría y el MEF.
