La Ley del Agro y la Gobernanza Productiva
Autor: Exministro Alfonso Velasquez
La reciente aprobación de la Ley General del Agro ha despertado un intenso debate en el país. No es para menos: se trata de una norma que modifica el régimen tributario de las agroexportadoras, reduce la tasa del Impuesto a la Renta y, sobre todo, incorpora un incentivo adicional del 25 % para aquellas empresas que realicen compras a pequeños productores. Este último punto, más allá de las controversias, encierra un potencial enorme para transformar la dinámica productiva en el Perú.
Desde la visión de la gobernanza productiva que hemos venido impulsando, este mecanismo puede convertirse en un verdadero motor de inclusión. El Estado ha puesto la regla: las grandes empresas que se articulen con pequeños productores reciben beneficios tributarios. Ahora corresponde a empresarios, autoridades locales y regionales, y organizaciones de productores, dar el siguiente paso: aprovechar este estímulo para construir cadenas de valor más sólidas, competitivas y con participación masiva.
En efecto, si los alcaldes distritales y provinciales asumen el reto, pueden impulsar la formación de grupos de productores organizados para abastecer a las agroexportadoras. Se trata de organizar, capacitar y acompañar a agricultores de la papa, del frijol, de la palta, del mango, del cacao o del aguaje, para que alcancen volúmenes, calidad y trazabilidad que exige el mercado mundial. Las empresas, por su parte, tienen ahora un incentivo claro para abrir sus puertas a estos pequeños productores, integrándolos como aliados estratégicos y no solo como proveedores marginales.
El rol de los gobernadores regionales también es decisivo. Pese a las brechas de infraestructura y limitaciones de recursos, esta ley abre una ventana de acción. Los gobiernos regionales deben priorizar inversión en riego, conectividad, carreteras secundarias y centros de acopio. Al mismo tiempo, pueden liderar la creación de plataformas de coordinación público-privada para que los incentivos tributarios se traduzcan en contratos, compras directas y crecimiento del empleo formal.
Por supuesto, nada de esto ocurrirá automáticamente. El riesgo de que los beneficios queden concentrados en pocas manos existe. Pero ahí radica la importancia de la gobernanza productiva: articular actores, construir confianza y orientar la política pública hacia resultados compartidos. La inclusión productiva no se logra con decretos; se logra con organización social, compromiso empresarial y liderazgo político.
La agroindustria peruana ha demostrado en las últimas dos décadas que puede conquistar mercados exigentes y generar divisas para el país. Ahora debemos dar el salto hacia una agroindustria con mayor valor compartido, donde los pequeños agricultores participen activamente de las cadenas de exportación. La nueva Ley del Agro, con todos sus límites y cuestionamientos, ofrece un incentivo concreto para avanzar en esa dirección.
Que este sea el inicio de una etapa donde los beneficios tributarios se traduzcan en más empleo rural, en menores índices de pobreza y en un campo más productivo y moderno. No se trata solo de una ley, sino de una oportunidad histórica para poner en práctica la gobernanza productiva que tanto necesita el Perú.
