Perú debate cambios en concesiones mineras entre polémicas y riesgos
Las grandes mineras de Perú están cada vez más preocupadas por posibles cambios en las normas que regulan los derechos mineros. El Congreso se prepara para debatir un proyecto de ley que beneficiaría a los operadores de pequeña escala. Perú, tercer mayor productor mundial de cobre y principal exportador de oro en Sudamérica, otorga concesiones que permiten a gigantes como BHP Group, Glencore y Anglo American explorar vastos territorios durante décadas antes de iniciar la producción.
Estas concesiones son la base de la industria minera peruana. Cualquier modificación podría desestabilizar la economía y reducir la inversión internacional. Sin embargo, el aumento de la minería ilegal y los retrasos en la producción han llevado a algunos legisladores a proponer concesiones a corto plazo para pequeños operadores que puedan comenzar a producir de inmediato.
En la feria minera de Arequipa, este tema fue clave en las conversaciones privadas. La expresidenta Dina Boluarte mencionó públicamente que su gobierno presentó propuestas al Congreso, incluyendo «cambios al sistema de concesiones», sin detallar más. En este contexto, el Congreso debate proyectos de ley para actualizar el marco legal de la pequeña minería y fomentar su formalización, considerando revocar concesiones inactivas o subutilizadas.
No está claro si alguna iniciativa será aprobada, pero es probable que este tema gane fuerza con las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. Iván Arenas, asesor en resolución de conflictos sociales, advierte que la minería ilegal impulsa esta ofensiva y manipula la narrativa para legitimar concesiones que no les corresponden.
El Ministerio de Minería rechazó hacer comentarios, mientras que varios ejecutivos mineros expresaron inquietudes similares en la feria de Arequipa, que congregó a 60,000 personas. Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, señala que en Perú una mina tarda alrededor de 40 años para iniciar producción. Por ello, reducir la duración de las concesiones a 10 años sería un error que desincentivaría la inversión minera formal a gran escala.
Una de las principales barreras para acelerar proyectos es la compleja burocracia y los largos procesos de licenciamiento. Este problema fue confirmado en un estudio encargado por el Colegio de Ingenieros de Minas, que subraya la importancia de mantener las concesiones vigentes. Dicho estudio concluye que las propuestas para revocar concesiones por supuesta inactividad ignoran las realidades del sector y los tiempos necesarios para operar una mina.
La minería ilegal de oro en Perú podría alcanzar exportaciones por 12 mil millones de dólares en 2025. A la vez, se estima que cerca de 7 mil millones en proyectos de cobre están paralizados por invasiones ilegales, afectando iniciativas como Michiquillay, Los Chancas y Haquira.
Frente a este panorama, José Farfán, asesor legal de Anplaben, asociación que representa a procesadores de mineral artesanal, considera que las conversaciones sobre cambios legales podrían ser irrelevantes. Según él, en el Congreso no existe consenso y el tema sigue siendo tabú.
