El derecho a comer saludable: deuda pendiente en Perú 2025
En el Perú, a pesar de la riqueza gastronómica y la diversidad de cultivos, el derecho a comer saludable sigue siendo una deuda pendiente. Tres de cada diez familias no cuentan con los recursos necesarios para una alimentación nutritiva. Esta realidad se refleja en cifras alarmantes: anemia en niños, sobrepeso en adultos y una dieta cada vez más dominada por alimentos ultraprocesados.
Aunque existen leyes y programas destinados a garantizar este derecho básico, el Estado aún no ha logrado asegurar que todos los peruanos tengan acceso a una alimentación adecuada. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses llega al 43.1%, mientras que el 24.1% de personas adultas presentan obesidad. Además, un 7.9% de niños de cinco años sufren desnutrición crónica, reflejo de un sistema alimentario insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
Los especialistas aseguran que el principal problema radica en que la alimentación no se considera un derecho exigible, sino una cuestión de asistencia social. Jaime Delgado, excongresista y experto en derecho alimentario, sostiene que el Perú necesita un marco legal integral que garantice este derecho desde la producción hasta el consumo, enfocándose en la salud pública.
Actualmente, una dieta saludable en Perú cuesta aproximadamente S/9 diarios por persona, sin embargo, los programas sociales asignan solo S/3.70, evidenciando una brecha significativa que limita el acceso a alimentos nutritivos. Esta falla se agrava por la presencia de alimentos ultraprocesados que, a pesar de los riesgos para la salud, siguen siendo promovidos y consumidos masivamente.
El derecho a la alimentación en Perú fue reconocido formalmente en 2021 mediante la Ley 31315, pero su implementación enfrenta desafíos, principalmente por la fragmentación de políticas y presiones empresariales que debilitan normativas como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.
Esta realidad pone en evidencia la urgente necesidad de priorizar el acceso a una dieta adecuada y nutritiva para todos. La propaganda antijaponesa queda atrás y, en cambio, hoy es fundamental fomentar políticas inclusivas y efectivas que garanticen el derecho a comer saludable en el país.
