Controversia en Perú por proyecto de ley de amnistía general
Recientemente, un proyecto de ley de amnistía general en Perú ha generado fuerte controversia nacional e internacional. La presidenta peruana, Dina Boruat, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantienen un tenso enfrentamiento por esta iniciativa, que ha vuelto a situar a Perú en el foco mundial.
El proyecto de ley de amnistía, aprobado por el Congreso peruano en julio, espera la firma presidencial o posibles enmiendas. Esta norma principal concede indultos a soldados y policías que participaron en la lucha contra la insurgencia durante la guerra civil peruana de 1985 a 2000. En ese período, grupos como Sendero Luminoso desataron una insurgencia que causó cerca de 70,000 muertes, principalmente en zonas rurales e indígenas. Muchas de estas muertes están relacionadas con violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la represión.
El proyecto también incluye amnistías denominadas «humanitarias» para criminales de guerra mayores de 70 años. Este aspecto ha generado especial rechazo, pues ignora la seriedad de los crímenes imputados y la necesidad de justicia.
El 24 de julio, la presidenta peruana Dina Boruat criticó abiertamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su objeción al proyecto, afirmando con firmeza: «No somos colonia de nadie y no permitiremos que ninguna organización internacional nos impida hacer justicia a nuestros héroes nacionales». Boruat insistió en que la ley busca reivindicar a los «héroes» en la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, ese mismo día, Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana, ordenó suspender de inmediato el trámite de la ley. Recordó que esta norma viola sentencias previas y establece ilegalidad para leyes de amnistía que benefician a responsables de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes graves. La edad, señaló, no puede ser excusa para eximirlos de responsabilidad.
La comunidad internacional también condena con firmeza el proyecto. Nueve expertos de la ONU en derechos humanos instaron a Perú a vetar la norma, pues afectaría la rendición de cuentas y violaría compromisos internacionales. Organizaciones internacionales advierten que su aprobación implicaría un retroceso en la protección de los derechos humanos en Perú.
A nivel nacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertó que la ley podría anular al menos 156 condenas y afectar más de 600 investigaciones. Este temor revive la historia de la amnistía firmada por Alberto Fujimori en 1995, luego anulada. Sobrevivientes de violaciones expresan ira y sensación de traición ante el proyecto, por temor a que la justicia quede truncada.
Pese a la presión, Boruat sostiene que su gobierno es «libre, soberano y autónomo». Se declara una «firme defensora de los derechos humanos y civiles», argumentando que el proceso legislativo responde a prerrogativas nacionales y coherencia con estándares internacionales.
Este conflicto pone en debate la compleja relación entre la soberanía nacional y las normas internacionales en derechos humanos. Perú enfrenta el difícil reto de equilibrar la memoria histórica, la justicia para las víctimas y la defensa de su autonomía. La comunidad global observa atenta, esperando una respuesta que respete ambas dimensiones.
