Minería artesanal en Perú: la trampa de la formalización estatal
Por Chengzun Pan
La minería artesanal ha sostenido economías locales y reducido pobreza, pero el modelo estatal de formalización sigue siendo caro, incierto y sin incentivos claros.
Durante más de una década, el Perú ha intentado formalizar a los mineros artesanales y de pequeña escala (MAPE), con la promesa de darles seguridad jurídica, reducir el impacto ambiental y abrirles la puerta al mercado formal del oro. Sin embargo, la realidad es otra: la mayoría sigue en la informalidad, las protestas se repiten y los intentos de formalización se han convertido en una trampa burocrática.
En 2012, el Gobierno creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para inscribir a los mineros informales que deseaban regularizarse. Más de 80 000 personas se registraron en los primeros años. Pero, según cifras oficiales, menos del 5 % logró completar el proceso. La mayoría fue depurada o abandonó el trámite ante los altos costos y la complejidad de los requisitos.
La parte positiva: un sustento económico en regiones pobres
A pesar de su informalidad, la minería artesanal ha tenido un rol económico indiscutible en varias regiones.
En zonas como Puno, Madre de Dios o Ayacucho, donde la agricultura es precaria y las oportunidades de empleo son escasas, el oro artesanal ha permitido que miles de familias tengan un ingreso estable y reduzcan la pobreza extrema.
Esta actividad ha generado circuitos económicos locales, desde transporte y comercio hasta pequeños servicios, que han sostenido comunidades enteras. Para muchos, la minería informal ha sido el único camino de supervivencia frente a la ausencia del Estado.
Una formalización que nunca despegó
El REINFO prometía ser la puerta a la legalidad, pero pronto se convirtió en un laberinto.
Los mineros artesanales se enfrentaron a tres grandes obstáculos:
- Costos desproporcionados. Los trámites exigían estudios ambientales, planes de seguridad y obligaciones tributarias pensadas para empresas medianas, no para productores de subsistencia.
- Tramitología dispersa y cambiante. Plazos que se acortaban, depuraciones anuales y trámites repartidos entre gobiernos regionales, MINEM, SUNAT y autoridades ambientales generaron desconfianza.
- Falta de mercado y financiamiento. Incluso los que avanzaban no encontraban compradores formales dispuestos a aceptar su oro sin descuentos, y no tenían acceso a créditos para cumplir con estándares ambientales.
Crisis política y renuncia del ministro
Las dificultades de la formalización estallaron en noviembre de 2024, cuando miles de mineros artesanales iniciaron protestas para exigir la ampliación del REINFO y una ley clara que reemplazara el proceso actual.
La crisis terminó con la censura en el Congreso y posterior renuncia del entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, a quien se le reprochó no haber presentado a tiempo una solución para el sector.
El episodio dejó en evidencia que el Estado carece de una estrategia integral, capaz de combinar control, apoyo y realismo económico. Pero, realmente es la culpa del exministro o de gobierno? Creo que tenemos mucho que discutir la forma de generar una ley y la función de congreso por apoyar la ejecución de la misma ley.
La consecuencia: informalidad persistente
Hoy, la minería artesanal sigue moviendo millones de soles en regiones andinas y amazónicas, pero mayoritariamente al margen de la ley.
El oro informal continúa entrando a la cadena comercial, las zonas frágiles sufren impactos ambientales y el Estado pierde legitimidad ante poblaciones que perciben la formalización como un camino imposible.
¿Qué necesita cambiar?
Expertos coinciden en que el modelo solo funcionará si se rediseña sobre cuatro pilares:
- Reglas progresivas y realistas para pequeños productores.
- Asistencia técnica y financiamiento para cumplir estándares ambientales.
- Mercado garantizado para el oro formal, con incentivos económicos claros.
- Seguridad jurídica y control focalizado contra las mafias, no contra el artesano que quiere avanzar.
En resumen:
La minería artesanal ha sido motor económico y refugio contra la pobreza en regiones olvidadas.
Pero mientras la formalización siga siendo cara, incierta y sin beneficios inmediatos, seguirá siendo vista como una trampa.
El reto para el Estado es transformar la ley en oportunidad real, o la informalidad seguirá siendo la opción más racional para miles de familias peruanas.
