Aumento salarial del presidente de Perú desata indignación social
El reciente incremento del salario del presidente de Perú ha generado una fuerte controversia en la opinión pública. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, anunció que, con la aprobación del Consejo de Ministros, el sueldo mensual del mandatario pasó de 16.000 soles a 35.568 soles. Esta decisión duplica el salario presidencial y ha sido justificada por el Ejecutivo bajo el argumento de que “el salario del presidente no debe ser inferior al de los ministros y debe corresponder a los servicios que presta”.
Según el gobierno, el aumento salarial del presidente de Perú responde a un análisis comparativo con los sueldos de los jefes de Estado en América Latina. Antes del ajuste, el presidente peruano ocupaba el penúltimo lugar en la región, solo por encima del mandatario boliviano. Ahora, la remuneración se equipara con la de otros países, lo que, según el Ejecutivo, refleja la importancia y responsabilidad del cargo.
Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada. El contexto no es favorable: la actual presidenta, Dina Boluarte, enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con la posesión de relojes Rolex y joyas de lujo no declaradas. La explicación de Boluarte, quien afirma haber adquirido estos bienes antes de asumir el cargo, no ha convencido a la ciudadanía. En este escenario, el aumento salarial del presidente de Perú es percibido como una muestra de insensibilidad y falta de responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
El país aún enfrenta una marcada desigualdad social y muchas zonas requieren mayor inversión en servicios básicos. La decisión de destinar más fondos fiscales al salario presidencial genera preocupación, ya que podría limitar la inversión en salud, educación y proyectos de desarrollo. Además, se teme que esta medida afecte la asignación racional de recursos y frene el crecimiento económico equilibrado.
La polémica ha profundizado la polarización política. Los simpatizantes del gobierno consideran que el ajuste es una compensación justa, pero la oposición ha intensificado sus críticas, aprovechando el escándalo de corrupción y los problemas de seguridad nacional. Todo esto pone en riesgo la credibilidad del gobierno y dificulta la gobernabilidad.
