Comunidades indígenas denuncian al Perú ante la CAN por minería ilegal
Un grupo de 33 comunidades indígenas amazónicas y campesinas presentó este viernes una denuncia contra el Estado peruano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) en Lima. El motivo: acusan al gobierno de incumplir la Decisión 477 de la CAN, una norma andina de 2012 que obliga a combatir la minería ilegal y proteger el ambiente.
Las comunidades afirman que el Estado favorece la minería ilegal y la contaminación con mercurio. Esta situación afecta gravemente los ríos y peces que utilizan para su alimentación. Además, señalan que políticas como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) facilitan la minería ilegal, el crimen organizado y la contaminación en sus territorios.
Por ello, los denunciantes exigen un estado de emergencia con presupuesto específico. Buscan proteger a las comunidades, garantizar el derecho a la salud, la educación y un ambiente sano, especialmente frente a la contaminación con mercurio del río Nanay, en Iquitos, donde viven cerca de medio millón de personas.
Jhonny Esau Huaymacuri Yuyarima, presidente de la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la cuenca del Nanay (Conaccunay), y el abogado ambientalista César Ipenza esperan que la CAN emita recomendaciones vinculantes. Su objetivo es obligar al Perú a coordinar acciones con otros países andinos para frenar las redes delictivas transnacionales.
Crisis ambiental y humanitaria en la cuenca del Nanay
La cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable para Iquitos, enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) de octubre de 2024 reveló que el 79% de 273 habitantes de comunidades ribereñas de los ríos Nanay y Pintuyacu tienen niveles de mercurio en el cabello superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La minería ilegal, que utiliza mercurio para extraer oro, contamina los ríos, altera los cauces y provoca deforestación masiva. Esto amenaza la biodiversidad y la salud de las 33 comunidades nativas y campesinas, incluyendo al pueblo Ikitu.
“Nos estamos autoeliminando, suicidando con el agua que tomamos del río”, denunció Huaymacuri, líder de Conaccunay.
Las comunidades dependen del río Nanay para beber, cocinar y cubrir otras necesidades básicas. Sin embargo, los centros de salud están en ruinas. En el Bajo y Medio Nanay, un solo técnico atiende a tres comunidades. En el Alto Nanay, los puestos de salud de Santa María y Diamante Azul carecen de profesionales y equipos. Esta situación agrava los problemas de salud causados por la contaminación.
Incumplimiento del Estado peruano ante la Decisión 477 de la CAN
César Ipenza señala que el Perú incumple la Decisión 477 de la CAN al no controlar la minería ilegal ni las sustancias tóxicas como el mercurio. Critica la ampliación del REINFO, que facilita la actividad ilegal en vez de regularla. “El REINFO abre el camino a la informalidad”, afirmó.
Huaymacuri agregó que los operativos de la Marina y la Policía son insuficientes. “Destruyen dos dragas, y a la semana aparecen 20 más”. Desde 2004, el número de dragas en la cuenca creció de 2-3 a más de 60 en 2018-2019, lo que evidencia la falta de control estatal.
Exigen acciones concretas y coordinación internacional
Conaccunay, que representa a las 33 comunidades de la cuenca del Nanay, exige un estado de emergencia en las cuencas del Nanay, Chambira y Pintuyacu. Piden presupuesto para saneamiento del agua, monitoreo continuo de mercurio, construcción de centros de salud con personal y equipos suficientes, así como proyectos productivos como agricultura sostenible, ecoturismo y piscicultura para reemplazar la minería ilegal.
También solicitan que la CAN facilite la coordinación con Colombia, Ecuador y Bolivia para combatir el crimen organizado transnacional. “Queremos que el Estado nos escuche y actúe de inmediato”, enfatizó Huaymacuri.
La Decisión 477 de la CAN sigue siendo el eje de la demanda de las comunidades, que buscan una respuesta efectiva y urgente del Estado peruano frente a la minería ilegal y la contaminación con mercurio.
