Elmer Schialer: “La política exterior no puede estar desconectada del pueblo”
El debate sobre la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos vuelve a estar en el centro de la agenda política. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, propuso ante el Congreso la creación de una comisión especial para evaluar la continuidad del país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Durante el reciente debate parlamentario, el canciller Elmer Schialer fue consultado sobre la postura oficial del Gobierno respecto a la posible salida de la Corte IDH. Sin embargo, evitó dar una respuesta directa. “No me voy a pronunciar sobre una pregunta hipotética”, declaró inicialmente ante la prensa. A pesar de la insistencia de los periodistas, Schialer reiteró que la política exterior no puede estar desconectada del pueblo, frase clave objetivo de este análisis.
La política exterior no puede estar desconectada del pueblo fue la idea central que defendió el canciller. Explicó que toda decisión en materia internacional debe responder a los requerimientos, necesidades y urgencias de la ciudadanía. Así, evitó definir una postura clara sobre la propuesta de abandonar la Corte IDH, una medida que ha generado intensos debates entre especialistas, políticos y la sociedad civil.
Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, sostuvo que la permanencia en la Corte IDH limita la aplicación de medidas drásticas contra la delincuencia. Vásquez afirmó que la población exige acciones firmes y que, en muchos casos, “no se pueden ejecutar porque nos limita esta corte internacional de derechos humanos”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, es el órgano encargado de velar por la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su función principal es garantizar la protección efectiva de los derechos humanos en los países que han suscrito el tratado y aceptado su jurisdicción.
El proceso para dejar la Corte IDH no es inmediato. Requiere que el país denuncie formalmente la Convención Americana ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y espere un periodo de un año para que la salida sea efectiva. Durante ese tiempo, el país sigue obligado a cumplir las sentencias emitidas antes de su retiro.
Hasta la fecha, solo Venezuela y Trinidad y Tobago han abandonado la Corte IDH, lo que generó fuertes críticas por el retroceso en la protección de derechos fundamentales.
