Acceso a la pastilla del día siguiente: barreras y retrocesos en Perú
En el Hospital Arzobispo Loayza, en Lima, pedir la pastilla del día siguiente aún genera susurros y miradas de recelo. El personal de salud baja la voz y la solicitud pasa discretamente de mano en mano, como si se tratara de un medicamento prohibido. El acceso a este anticonceptivo de emergencia, que por ley debe ser gratuito, se enfrenta a múltiples trabas y horarios limitados. “Vente mañana tempranito”, recomienda la obstetra, pues pasado el mediodía ya no es posible obtenerla.
La situación se repite en otros centros de salud. En el Centro Materno Infantil del Rímac, la entrega de la pastilla del día siguiente se restringe a casos de violación sexual. Sin embargo, ni siquiera en estas circunstancias el acceso está garantizado. Lucía Santos Peralta, asesora legal de Proyecta Igualdad, relata que ha acompañado a mujeres víctimas de violencia sexual que, al solicitar el kit de emergencia, descubren que este no incluye el anticonceptivo oral de emergencia. El personal suele justificar la omisión alegando falta de stock.
Organizaciones como Promsex advierten que el acceso a la pastilla del día siguiente está atravesado por una agenda conservadora que se opone al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en adolescentes. Este enfoque ideológico, más que técnico, limita la disponibilidad y distribución de métodos anticonceptivos en el país.
Inversión y disponibilidad en retroceso
La compra de métodos anticonceptivos en Perú ha disminuido de manera notable. En 2024, la inversión fue de apenas S/1’327.000, la segunda cifra más baja de la última década, solo superada por la registrada en 2021 durante la pandemia. Entre 2023 y 2024, el Estado solo adquirió tres tipos de anticonceptivos: preservativos, pastillas anticonceptivas y la pastilla del día siguiente. Sin embargo, la distribución de este último método ha caído drásticamente: entre 2022 y 2024, ningún año superó las 40.000 unidades, el nivel más bajo desde su reincorporación en 2016. En contraste, en 2018 y 2020 se distribuyeron casi 100.000 unidades anuales, lo que representa una reducción promedio del 35%1.
A pesar de que el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la compra de 40.000 nuevas unidades para 2025, la cobertura sigue siendo insuficiente. El stock remanente apenas alcanza las 2.535 píldoras, según datos oficiales.
Prejuicios y desinformación
El uso de la pastilla del día siguiente sigue rodeado de mitos. Muchos profesionales de la salud y usuarios creen, erróneamente, que es abortiva o peligrosa si se toma más de dos veces. Sin embargo, expertos del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inppares) aclaran que no existen contraindicaciones médicas para su uso repetido, aunque recomiendan emplearla solo en emergencias y luego optar por métodos más seguros y continuos1.
La falta de acceso a la pastilla del día siguiente y otros métodos anticonceptivos tiene consecuencias directas en la vida de miles de mujeres, especialmente adolescentes. Entre enero y mayo de 2025, más de 12.000 adolescentes peruanas se convirtieron en madres. Organismos internacionales como la OMS y el UNFPA recomiendan priorizar métodos de larga duración, pero su disponibilidad en el sistema público es limitada1.
Retroceso legislativo y falta de voluntad política
El panorama político peruano ha mostrado un marcado retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. El Congreso impulsa proyectos de ley que buscan restringir la educación sexual integral y eliminar el enfoque de género de las políticas públicas. Además, la alta rotación de autoridades en el Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva refleja la falta de una política sostenida y comprometida con la garantía de derechos.
El acceso a la pastilla del día siguiente en Perú sigue siendo limitado y marcado por prejuicios, desinformación y una baja inversión estatal. La falta de voluntad política y el avance de agendas conservadoras han debilitado la política pública en salud sexual y reproductiva, afectando principalmente a las mujeres más jóvenes y vulnerables. Garantizar el derecho a decidir sobre la maternidad requiere una respuesta estatal firme, basada en evidencia y orientada a la igualdad.
