Crisis en Perú: Arana asume en medio de caos político
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta uno de los momentos más críticos de su gestión tras la renuncia del primer ministro Gustavo Adrianzén el 13 de mayo, en vísperas de un interrogatorio en el Congreso por su manejo de la inseguridad ciudadana. La designación de Eduardo Arana, exministro de Justicia, como nuevo presidente del Consejo de Ministros marca el cuarto cambio en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en menos de tres años, reflejando la profunda inestabilidad política que atraviesa el país. Este nuevo capítulo, sin embargo, no parece apaciguar las tensiones entre el Ejecutivo y un Congreso fragmentado, donde acusaciones de favores políticos y maniobras estratégicas dominan el escenario.
Una renuncia que sacude el tablero político
La salida de Adrianzén se produjo en un contexto de creciente presión política, impulsada por el malestar tras la masacre de 13 mineros en Pataz, un incidente que evidenció la incapacidad del gobierno para controlar la minería ilegal y la ola de criminalidad. El Congreso, con al menos 20 firmas recolectadas para una moción de censura, estaba listo para interpelar al premier, cuya gestión fue calificada como insuficiente por diversas bancadas. Analistas señalan que su renuncia fue una jugada estratégica para evitar una derrota humillante que podría haber escalado hacia un intento de vacancia presidencial contra Boluarte.
La presidenta, cuya aprobación apenas supera el 10% según recientes encuestas, ha enfrentado críticas por su manejo reactivo de la crisis. Horas antes de la dimisión de Adrianzén, Boluarte intentó oxigenar su gabinete con el cambio de tres ministros (Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Finanzas, y Mujer y Poblaciones Vulnerables), pero esta medida fue vista como insuficiente y desarticulada.
Eduardo Arana: ¿Un nuevo comienzo o más de lo mismo?
El 14 de mayo, Eduardo Arana juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros en una ceremonia en Palacio de Gobierno. Arana, un abogado con experiencia en el sector público, hereda un gabinete ratificado en su mayoría, aunque con ajustes en carteras estratégicas como Economía (donde Raúl Salardi reemplazó a José Arista), Interior y Transportes. Sin embargo, la permanencia de ministros cuestionados, como Juan José Santiváñez (Interior) y Morgan Quero (Educación), ha generado escepticismo sobre la capacidad del nuevo premier para abordar los problemas estructurales del país.
Arana enfrenta el desafío de recomponer las relaciones con un Congreso profundamente dividido, donde las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular han mostrado posturas ambivalentes. La vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, señaló recientemente que el gabinete “no está consolidado” y carece de solidez, lo que sugiere que el voto de confianza, obligatorio para el nuevo equipo ministerial, podría ser un proceso accidentado.
Favores políticos y tensiones con el Congreso
Las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso están marcadas por acusaciones de favores políticos y maniobras para asegurar lealtades. La designación de Arana, un aliado cercano de Boluarte, ha sido interpretada por algunos parlamentarios como un intento de consolidar el control del Ejecutivo en un momento de fragilidad. Además, investigaciones recientes han puesto en el foco a Arana por presuntos contactos en 2018 para solicitar favores judiciales, lo que podría complicar su legitimidad ante el Legislativo.
Por otro lado, el Congreso no es ajeno a las críticas. En 2024, 39 parlamentarios cambiaron de bancada, evidenciando la fragmentación y el oportunismo político. Bancadas como Perú Libre y Cambio Democrático han expresado su rechazo al nuevo gabinete, mientras que otras, como Podemos Perú y Fuerza Popular, negocian apoyos condicionados. Informes periodísticos han señalado que ciertos nombramientos ministeriales, como el retorno de Leslie Urteaga al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, responden a acuerdos con sectores del Congreso para garantizar votos clave.
Un caso emblemático de las tensiones es la investigación por presuntas irregularidades en la designación de Jaqueline Yessenia Lozano como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso, un nombramiento que ha sido cuestionado por posible tráfico de influencias. Este escándalo, junto con los 60 cambios legislativos aprobados en 2024 que favorecen a investigados, refuerza la percepción de un sistema político donde los intereses personales priman sobre el bien común.
Un país en busca de estabilidad
La crisis política peruana se agrava por la falta de consensos y la persistencia de problemas como la inseguridad, la minería ilegal y la desconfianza ciudadana. En los últimos siete años, ningún presidente ha completado su mandato, y la constante pugna entre poderes ha erosionado la confianza en las instituciones. A pesar de fundamentos macroeconómicos estables, la incertidumbre política amenaza la inversión a largo plazo.
De cara a las elecciones de 2026, la fragmentación política y la proliferación de más de 40 partidos, según la ONPE, auguran un proceso electoral complejo. Reformas como la propuesta de reducir la valla electoral para alianzas políticas buscan mitigar la atomización, pero la falta de confianza en el sistema electoral sigue siendo un obstáculo.
