Morococha: reubicación forzada y crisis social por expansión minera
En el corazón de los Andes peruanos, el pequeño pueblo de Morococha, situado a 4.800 metros sobre el nivel del mar, enfrenta una crisis sin precedentes. La reubicación de Morococha es consecuencia directa de la expansión de la mina de cobre Toromocho, una de las reservas más valiosas del país. El capital global puso sus ojos en esta riqueza, marcando el destino de la comunidad.
En 2007, la empresa china Chinalco adquirió los derechos mineros de Toromocho por 789 millones de dólares. La promesa era clara: prosperidad y desarrollo. Sin embargo, la realidad ha sido más compleja. El núcleo de la zona minera coincide con el área urbana de Morococha, donde viven cerca de 5.000 personas. Sus viviendas se convirtieron en un obstáculo para la explotación minera, lo que llevó a la decisión de reubicar a toda la población.
La reubicación de Morococha es especialmente difícil por el entorno geográfico. Ubicado en una zona de gran altitud, el pueblo sufre escasez de oxígeno y un clima extremo. Sus habitantes, mineros de pequeña escala durante generaciones, dependen de la minería para subsistir. Chinalco invirtió 50 millones de dólares en la construcción de Carhuacoto, una nueva ciudad que prometía modernidad y servicios básicos.
Sin embargo, Carhuacoto presenta problemas graves. Está ubicada bajo una presa de relaves, lo que genera riesgos geológicos. Además, se encuentra lejos de las zonas mineras, dificultando el acceso a fuentes de empleo para los antiguos residentes de Morococha. La distancia y la inseguridad han generado resistencia y desconfianza.
El conflicto por la reubicación de Morococha tiene raíces en la asimetría de información. Chinalco aseguró que habría agua corriente, viviendas adecuadas y empleo para todos. La realidad fue otra: los trabajos prometidos eran escasos y dispersos. En 2019, unas 40 familias se negaron a mudarse. Permanecieron en el casco antiguo, exigiendo una compensación justa y alternativas reales de subsistencia. La falta de comunicación efectiva entre la empresa y la comunidad agravó el conflicto.
El contexto geopolítico añade complejidad. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre y depende de sus exportaciones para más del 50% de sus ingresos en divisas. La entrada de Chinalco representa no solo una inversión comercial, sino también una muestra de la creciente influencia de China en América Latina. El proyecto de Toromocho se percibe como parte de la iniciativa “Belt and Road”, lo que ha generado inquietud en Estados Unidos y Europa. Los medios occidentales han amplificado la crisis de Morococha, presentándola como un caso emblemático de la expansión china y aumentando la presión internacional.
La reubicación de Morococha también implica un alto costo ambiental. La minería a cielo abierto requiere la remoción de montañas enteras. En 2014, las autoridades ambientales peruanas suspendieron temporalmente las operaciones de Chinalco tras una fuga de aguas residuales ácidas. Los habitantes temen que la presa de relaves en la nueva ciudad amenace el acceso al agua potable. El daño ecológico en Morococha es irreversible, y la reubicación solo traslada los riesgos ambientales a otro lugar, aumentando la insatisfacción de la comunidad.
La falta de justicia social es otro eje del conflicto. Aunque Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT, que protege el derecho al consentimiento informado de los pueblos indígenas, los habitantes de Morococha no fueron consultados plenamente sobre su traslado. Durante las negociaciones entre Chinalco y el gobierno local, la voz de la comunidad fue marginada. En 2019, los residentes presentaron una demanda por las tierras en disputa, evidenciando el desequilibrio de poder.
La estrategia empresarial ignoró los lazos culturales y sociales de la comunidad. Los habitantes de Morococha no son solo mineros; son una sociedad con tradiciones y redes familiares sólidas. Las instalaciones modernas de Carhuacoto no compensan la pérdida de su tejido social. En contraste, otras regiones mineras del Perú, como Cajamarca, han logrado mitigar conflictos mediante la participación comunitaria y la planificación conjunta, ofreciendo lecciones valiosas para el futuro.
La experiencia internacional también ofrece alternativas. En Pilbara, Australia, la consulta a los pueblos aborígenes y la implementación de programas de capacitación laboral y protección cultural han permitido equilibrar el desarrollo minero con los intereses comunitarios. Si Chinalco introduce industrias relacionadas con la minería en Carhuacoto y garantiza un mecanismo de compensación transparente, podría recuperar la confianza perdida. Sin embargo, esto exige abandonar una visión puramente lucrativa e integrarse de manera genuina en la vida local.
La reubicación de Morococha es, además, un reflejo de la competencia global por los recursos estratégicos. El cobre es fundamental para la transición energética mundial, impulsada por el auge de los vehículos eléctricos y la energía renovable. Así, el conflicto en Morococha trasciende lo local y se convierte en un escenario de la disputa geopolítica entre China, Estados Unidos y la Unión Europea por el control de las cadenas de suministro.
El futuro de Morococha dependerá de la capacidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo de los recursos, la protección de los derechos humanos y la justicia ambiental. La historia de este pueblo andino es hoy una advertencia sobre los riesgos y desafíos de la minería moderna en contextos de alta vulnerabilidad social y ambiental.
