Denuncia de abuso sexual a Cipriani genera polémica en el Vaticano

La ONG estadounidense Bishop Accountability solicitó al Vaticano que excluya al cardenal peruano Juan Luis Cipriani de las reuniones previas al cónclave debido a una denuncia de abuso sexual que enfrenta desde 2018. La organización, que documenta casos de violencia clerical, advirtió que la participación de Cipriani envía un mensaje equivocado sobre el compromiso de la Iglesia en la lucha contra la pederastia.
Anne Barrett, codirectora de Bishop Accountability, afirmó que permitir la presencia del cardenal contradice la obligación más sagrada de la Iglesia: proteger a los niños. Además, señaló que su participación podría dar la impresión de que la Iglesia protege más a los clérigos acusados que a las víctimas, lo que daña la autoridad moral de la institución.

A pesar de las sanciones impuestas por el papa Francisco en 2019, que restringen la actividad pública de Cipriani, su lugar de residencia y el uso de símbolos cardenalicios, el purpurado ha sido visto participando en las congregaciones generales previas al cónclave. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, afirmó que todos los cardenales pueden asistir a estas reuniones, basándose en la constitución vaticana Universi Dominici Gregis, pero evitó aclarar si las sanciones afectan específicamente a Cipriani.
La denuncia contra Cipriani se basa en hechos ocurridos en 1983 y fue presentada formalmente en 2018. Tras una investigación, el Vaticano impuso un precepto penal que el cardenal aceptó, limitando su ministerio y ordenándole residir fuera de Perú. Cipriani ha negado enérgicamente las acusaciones y ha criticado el proceso, alegando falta de oportunidad para defenderse.

La presencia de Cipriani en las reuniones previas al cónclave ha generado controversia y cuestionamientos sobre el compromiso real de la Iglesia con la transparencia y la protección de los menores. La ONG Bishop Accountability insiste en que la exclusión del cardenal es necesaria para demostrar seriedad en la lucha contra los abusos y para proteger la integridad de las futuras decisiones eclesiásticas.