Dina Boluarte: ¿Medidas insuficientes contra la inseguridad en Perú?
La gestión de Dina Boluarte frente a la creciente ola de criminalidad en Perú ha sido objeto de críticas por su falta de acciones contundentes y efectivas. Aunque la presidenta ha prometido reducir los índices de inseguridad y ha implementado medidas como el estado de emergencia y la construcción de cárceles, estas iniciativas parecen ser más simbólicas que soluciones reales para enfrentar el problema estructural que afecta al país.
Promesas sin resultados tangibles
Desde el inicio de su mandato, Boluarte ha intentado posicionarse como una líder comprometida con la seguridad del pueblo peruano, pero sus declaraciones no han sido respaldadas por acciones concretas. En su discurso del 10 de abril, la mandataria afirmó que los problemas actuales son una «herencia» de gobiernos anteriores, eximiéndose parcialmente de responsabilidad. Esta postura refleja una falta de voluntad política para asumir el liderazgo necesario en un contexto donde la delincuencia organizada cobra vidas y genera caos en las calles.
Medidas insuficientes y tardías
La creación del «Cuarto de Guerra» y la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao son medidas que, aunque necesarias, han mostrado resultados limitados. A pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los ataques extorsivos y los asesinatos continúan siendo una realidad cotidiana. La captura de algunos delincuentes, como miembros de bandas criminales, no ha logrado frenar la expansión del crimen organizado ni devolver la tranquilidad a las zonas más afectadas4.
Por otro lado, la propuesta de construir cárceles mediante «proyectos por impuestos» enfrenta críticas debido a su implementación lenta y a que no aborda el problema inmediato del hacinamiento carcelario. Mientras estas infraestructuras se desarrollan, los delincuentes siguen siendo enviados a penales superpoblados, lo que agrava las condiciones penitenciarias y limita la capacidad del sistema judicial para operar eficazmente.
Críticas desde los gremios y la sociedad civil
El descontento social por la falta de resultados es evidente. Los gremios del transporte, uno de los sectores más golpeados por las extorsiones, han señalado que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes. Este viernes 11 de abril, transportistas realizarán una asamblea extraordinaria para evaluar nuevas protestas a nivel nacional. Las declaraciones emitidas por sus representantes reflejan una profunda frustración con el gobierno: «Estamos cansados de este gobierno. Si no tienen liderazgo ni voluntad política, que den un paso al costado».
Además, la promulgación reciente de leyes como la que autoriza el uso de armas electrochoque por parte del serenazgo municipal es vista como un paliativo frente a problemas mucho más complejos. La profesionalización del serenazgo puede ser un avance, pero no resuelve las causas estructurales del crimen organizado ni garantiza un impacto significativo en corto plazo3.
Un gobierno bajo cuestionamiento
La administración Boluarte enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su capacidad para liderar el país en momentos críticos. Su estrategia parece enfocarse más en discursos políticos que en soluciones prácticas para garantizar la seguridad del pueblo peruano. Mientras tanto, los ciudadanos continúan viviendo bajo el temor constante generado por extorsiones, sicariato y violencia generalizada.
En resumen, las acciones emprendidas hasta ahora por Dina Boluarte no han logrado responder adecuadamente a la magnitud del problema. La inseguridad sigue siendo un desafío urgente que requiere medidas mucho más severas y reales para proteger a los peruanos y devolverles la tranquilidad perdida.
