Congreso aprueba congelamiento de cuentas para combatir extorsión en Perú
El Pleno del Congreso de Perú aprobó por 99 votos a favor y 3 en contra la insistencia de la autógrafa de ley observada por el Ejecutivo, relacionada con el proyecto 9034/2024-CR. Esta iniciativa busca modificar la Ley 27693, que establece la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de fortalecer la lucha contra el delito de extorsión.
Durante la sesión, la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, explicó que la Policía Nacional podrá solicitar a la UIF el congelamiento de cuentas bancarias asociadas con actividades de extorsión. Sin embargo, esta facultad ha sido cuestionada por el Ejecutivo, que sostiene que corresponde al Ministerio Público llevar a cabo la persecución de este delito y gestionar el congelamiento de fondos.
Tudela Gutiérrez subrayó que el congelamiento de activos es una medida excepcional y que el dictamen aprobado propone modificar su redacción para establecer que se podrá disponer del congelamiento de fondos a solicitud tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público en casos relacionados con delitos como el lavado de activos, extorsión y financiamiento del terrorismo.
Además, se mencionó que una de las observaciones del Ejecutivo indica que permitir la intervención de comunicaciones en los centros penitenciarios podría afectar la coherencia normativa y los derechos fundamentales, como el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. En respuesta, la congresista defendió que otorgar a la Policía Nacional la facultad para interceptar comunicaciones ilegales en las cárceles no contradice las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal, ya que este regula la intervención y grabación de comunicaciones en términos generales.
La aprobación de esta autógrafa marca un paso significativo en los esfuerzos legislativos para combatir el delito de extorsión y mejorar las herramientas disponibles para las autoridades peruanas en su lucha contra el crimen organizado.
