PARO NACIONAL: 23 de octubre. Línea de tiempo, exigencias e inacción del estado

La crisis de seguridad y extorsión en Lima ha llevado a los transportistas a tomar medidas drásticas, con el apoyo de otros sectores que comparten sus preocupaciones. La falta de acción efectiva por parte del Gobierno ha generado un clima de desconfianza y descontento, evidenciando la gravedad de la situación en la capital peruana. Ante ello, los ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta han optado por manifestarse paralizando la ciudad ya que, bien se sabe, el transporte público es vital para el desarrollo de la vida diaria de millones de personas en la capital y ciudades de alta densidad demográfica.

A continuación, establecemos un recuento de las ocasiones que durante el último mes los transportistas han parado ante la inacción de autoridades.

23 de septiembre: Inicia un paro de transportistas en cinco distritos de Lima (Ancón, Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho) debido a la creciente extorsión y ataques por parte de bandas criminales. Miles de usuarios quedan varados, ya que muchos choferes no se sienten seguros para trabajar.

26 de septiembre: El paro se extiende temporalmente a nivel regional, con promesas de una continuación indefinida si no hay respuesta del gobierno. Los transportistas advierten sobre el aumento de la violencia y el riesgo a sus vidas.

3 de octubre: Las protestas se intensifican tras más atentados. Los transportistas y otros gremios, incluidos comerciantes, se unen en su lucha contra la extorsión y la corrupción. Se registran manifestaciones masivas en Lima.

10 de octubre: Los transportistas llevan a cabo un paro prolongado, exigiendo la derogación de la Ley 32108, que consideran ineficaz para combatir el crimen organizado. La presidenta Dina Boluarte promete medidas, pero la desconfianza persiste entre los manifestantes.

11 de octubre: Las manifestaciones continúan con un fuerte apoyo de la ciudadanía. Se denuncian detenciones de manifestantes y se reafirma la demanda por mayor seguridad. Las fuerzas del orden están en alerta para prevenir actos violentos.

23 octubre: se ha convocado a un nuevo paro indefinido contando el apoyo con muchos más gremios a diferencia del paro de transportistas del pasado 10 de octubre, este parece tener más consenso entre los grupos más numerosos. Además, Valeriano detalló que realizarán una marcha pacífica hasta la sede oficial del Congreso de la República, en la avenida Abancay (Cercado de Lima), y negó que tengan intenciones de que haya vandalismo. En caso de considerar que su voz no es escuchada y no llegar a un acuerdo, se tiene pensado que la medida de fuerza continúe por 72 horas (tres días).

La semana pasada, en los exteriores de la Morgue Central de Lima, un técnico especializado en necropsias hizo un sentido análisis de la realidad, dirigiéndose a la presidenta Dina Boluarte. Con voz firme, señaló que la morgue ha colapsado, recibiendo diariamente decenas de cadáveres por bala, sin que los empleados puedan atender la situación. “Lima se ha convertido en una ciudad muy insegura para todos. Lo que vemos en la prensa es solo la punta del iceberg”, explicó, en medio de una huelga de trabajadores del Ministerio Público.

Con 1,493 asesinatos hasta el 10 de octubre, el 2024 se perfila como el año con más homicidios de la última década en Perú. La ola de atentados contra empresas de transporte ha evidenciado los peligros que enfrentan los peruanos. Hasta el mes pasado se reportaron 13,372 denuncias por extorsión, cifra que se quintuplicó de 4,510 a 22,162 entre 2021 y 2023, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

La respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, pero el aumento de agentes y militares no ha detenido a las mafias, con más de 20 crímenes contabilizados desde entonces, incluyendo el asesinato de un suboficial de policía en un operativo.

Las extorsiones en Lima han dejado de ser un fenómeno aislado, extendiéndose de manera alarmante. Julio Corcuera, de la Asociación de Seguridad Privada del Perú, destaca que esta violencia ha sido más visible en la capital, aunque ya era un problema en el norte del país. Las mafias han desarrollado dinámicas sofisticadas y están vinculadas con la política, utilizando congresistas comprados para frenar reformas.

David Mujica, abogado y vocero de gremios de transporte, sostiene que al menos el 40% del transporte urbano es extorsionado, con cupos que van desde dos dólares diarios por chofer hasta 13,000 dólares mensuales por empresa. La falta de un sistema integrado de transporte es una de las deudas del Estado, que podría ayudar a reducir la informalidad y la delincuencia.

¿Qué exigen los transportistas?

Las exigencias de todos estos gremios continúan siendo las mismas que motivaron y acataron el paro de transportistas el pasado jueves 10 y viernes 11 de octubre:

• Incrementar la presencia de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los paraderos y las rutas de todos los vehículos que brindan el servicio de transporte público.
• Brindar mejor seguridad a comercios, universidad, escuelas, viviendas, etc.
• Penas más severas en contra de sicarios, extorsionadores, secuestradores y corruptos.
• Derogatoria de la ley 32108 (ley contra el crimen organizado).
• Archivamiento del proyecto de ley del terrorismo urbano.