Incremento Presupuestal en Educación: Promesas y Realidades Contrastantes
La presidenta Dina Boluarte, durante la entrega de 17 Palmas Magisteriales —la máxima distinción que otorga el Gobierno a través del Ministerio de Educación a los maestros que han transformado la vida de los estudiantes— anunció que el presupuesto destinado al sector educativo para el año 2025 alcanzará la cifra histórica de 48,000 millones de soles. Este incremento, que incluye más de 8,540 millones para asegurar aumentos salariales de los docentes y cumplir con obligaciones sociales, es considerado un paso significativo hacia la mejora del sistema educativo en el país. Boluarte subrayó que este presupuesto representa un 5% del Producto Bruto Interno (PBI), un hito que se aproxima a la meta del 6% establecida por el gobierno.
Durante la ceremonia de condecoración de los “Palmas Magisteriales”, Boluarte enfatizó la importancia de los docentes en la construcción de una patria próspera, reconociendo la labor de 17 educadores destacados en diversas regiones. La presidenta afirmó que la inversión en educación no solo mejorará la infraestructura escolar, sino que también impulsará el progreso y desarrollo del país. “Más educación, más progreso, más desarrollo y más seguridad”, afirmó.
Sin embargo, a pesar de este optimismo gubernamental, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) ha expresado preocupaciones serias respecto a la efectividad del aumento presupuestario anunciado. En un comunicado dirigido a la presidenta, AUNAP calificó el proyecto de presupuesto para 2025 como un “debilitamiento a las universidades públicas”, al señalar que no se ha asignado presupuesto para licenciamiento y acreditación, y que los montos destinados a servicios esenciales como comedores y transporte estudiantil han sido reducidos.
A pesar de que la Guía rápida de presupuesto para universidades públicas del 2024, elaborada por el Ministerio de Educación, indica un incremento del 51.9% en el presupuesto institucional desde 2020, la AUNAP advirtió que los recursos que realmente llegan a las universidades son mucho menores. Aseguraron que, aunque el Congreso aprueba un monto al inicio del año, el Poder Ejecutivo, mediante decretos de urgencia, limita posteriormente el presupuesto destinado a las universidades, obstaculizando su capacidad de operación.
Un caso emblemático es el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se declaró en estado de emergencia en abril de 2024 debido a un decreto que restringía el gasto público, afectando actividades académicas y programas de capacitación. Las autoridades de diversas universidades han señalado las dificultades que enfrentan debido a estas limitaciones, que a menudo resultan en la devolución de recursos al Tesoro Público.
Además, la AUNAP recordó que en 2023, los docentes universitarios llevaron a cabo una huelga nacional que se extendió durante semanas, exigiendo el reconocimiento de la autonomía universitaria y un incremento en el presupuesto. A pesar de las promesas del gobierno de aumentar las remuneraciones en 2024, 2025 y 2026, este aumento no ha sido incluido en el presupuesto de 2025, lo que ha generado frustración entre los educadores.
La falta de previsión para cubrir la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los docentes universitarios también fue criticada por AUNAP. En conjunto, estas preocupaciones reflejan un descontento generalizado en la comunidad educativa sobre la manera en que el gobierno está manejando la inversión en educación.
Así, mientras el gobierno de Boluarte asegura que la educación es una de sus prioridades y presenta un presupuesto histórico, las universidades nacionales se enfrentan a desafíos críticos que amenazan su funcionamiento y capacidad para ofrecer educación de calidad. La desconexión entre las promesas y la realidad tangible en el sector educativo plantea un dilema que deberá ser abordado si se quiere avanzar hacia un sistema educativo que realmente beneficie a todos los peruanos.
